MIGRACIÓN, ¿ASUNTO DE SEGURIDAD?

Por Raúl Ramírez Baena*

Ardelio Vargas Fosado fue nombrado Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) por el presidente Peña Nieto el 15 de enero de 2013.

Vargas Fosado fue funcionario del Centro de Investigación y de Seguridad Nacional (Cisen) y Jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, a cargo de la brutal represión en San Salvador Atenco, EdoMex, en 2006. Posteriormente fue nombrado Comisionado de la PFP y responsable de la movilización de esta Policía durante las protestas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el año 2006, que arrojó varios muertos y heridos. Fue diputado federal por el PRI en la 61 legislatura federal, integrante de las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad Pública y Justicia, y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla antes de ser nombrado Comisionado del INM.

El 15 de octubre de este año Ardelio Vargas declaró: “La política migratoria del gobierno mexicano se aplica con base en la ley en la materia, por lo que continuará la ‘contención’ de extranjeros en situación administrativa irregular, como marca la norma y también por razones de seguridad pública y nacional”.

Así, para la administración de Peña Nieto, la lógica es contener la inmigración indocumentada con la fuerza pública (que atiende asuntos de seguridad pública) y con las fuerzas armadas (que atiende asuntos de seguridad interior y nacional), sobre todo si los migrantes son centroamericanos.

El 7 de junio de 2014 el gobierno federal anunció la puesta en marcha del “Plan Frontera Sur”, que tiene entre sus objetivos: 1) Evitar que los migrantes pongan en riesgo su integridad al usar un tren que es de carga y no de pasajeros; 2) Desarrollar estrategias puntuales que garanticen la seguridad y la protección de los migrantes, y 3) Combatir y erradicar a los grupos criminales que vulneran sus derechos.

El 25 de julio de 2014 el presidente Obama se reunió con los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, países que más menores y mujeres migrantes arrojan a los Estados Unidos, pasando por México, convenciéndolos de que sus connacionales "no serán recibidos con los brazos abiertos". Los presidentes discutieron cómo reforzar la cooperación policial entre los países para mejorar la seguridad… de los Estados Unidos.

“(México) los mete en un costal, los monta en autobús y expulsa”, dice sor Valdete Wilemann, directora del Centro de Atención del Migrante Retornado de Honduras.

Por  datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), en los primeros siete meses del 2015, el INM realizó 92 mil 889 detenciones de centroamericanos. Un total de 7 mil 785 más que la Patrulla Fronteriza en el mismo período.

Esta persecución coloca a los migrantes centroamericanos y mexicanos en condición de extrema vulnerabilidad, sobre todo a mujeres y menores, cuyas consecuencias son miles de desaparecidos, asesinados, secuestrados, extorsionados, explotados sexualmente y violados en México por el crimen organizado, en contubernio con autoridades.

México ha expulsado del país en el último año a más inmigrantes que su vecino del norte, 107,814 (unos 2,000 a la semana) frente a 70,448 de los EUA, según el Migration Policy Institute. Muchos guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que llegan a la frontera son interceptados por las autoridades mexicanas. Las detenciones se han aumentado en un 25% desde que se activó el Plan Frontera Sur.

Con fecha 10 de julio de 2014 el periódico La Crónica de Baja California publicó: “Realizan ‘razzia’ de migrantes (…) Migración y corporaciones policiacas los bajan del tren”. En el cuerpo de la nota se destaca: “Un operativo realizado por autoridades de los tres niveles de Gobierno sobre las vías del ferrocarril, arrojó un saldo de 25 migrantes asegurados en las inmediaciones de la Planta Geotérmica, en el Valle de Mexicali”.

“Elementos de la Policía Municipal, Ministerial, Estatal Preventiva, del Grupo Beta y del Inami, realizaron revisiones a los vagones buscando irregularidades”, dijo orgulloso Luis Humberto López Torres-Coto, subdelegado local del INM. “A pesar de que los mexicanos cuentan con el derecho de libre tránsito por el País, pueden enfrentar cargos al viajar en el tren de manera ilegal, a petición de la empresa concesionaria”, agregó López Torres-Coto.

Para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el Programa Frontera Sur es una iniciativa gubernamental que si bien en el papel asegura que busca “proteger” a los migrantes y “ordenar el paso fronterizo”, en el terreno ha desatado una oleada de detenciones masivas. “Estados Unidos ha desplazado oficialmente el problema de la migración a México, y México ha asumido el nuevo papel de ‘jefe deportador’”, señala Maureen Meyer, coordinadora del Programa de México y derechos de Migrantes de WOLA.

De esta manera, podemos afirmar sin lugar a dudas que el Plan Frontera Sur es el Operativo Guardián mexicano extendido a la frontera norte de México.

Ardelio Vargas es consecuente con su formación policial. Pero si el gobierno federal adoptó el Programa Especial de Migración 2014-2018 (acuerdo de protección migratoria establecido entre México y la Organización Internacional para las Migraciones, publicado en el DOF el 30 de abril de 2014), y pretende cumplir con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, debe atender la política migratoria desde una perspectiva humanitaria y social, con enfoque de derechos humanos, no de seguridad. ¿Es mucho pedir?

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste