ILEGALES REDADAS CONTRA
MIGRANTES EN MEXICALI
Por Raúl Ramírez Baena*
En días pasados, la prensa de Mexicali dio cuenta de un
operativo realizado por autoridades de los tres órdenes de gobierno en el Valle
de Mexicali, en el que participaron Policía
Municipal, Ministerial, Estatal Preventiva, del Grupo Bea y del Inami.[1]
Luis Humberto López Torres-Coto, Subdelegado del Inami en
Mexicali, declaró: “… el operativo tiene
diversas aristas y propósitos, por ello la intervención de los tres niveles de
Gobierno en el mismo (…) A pesar de que los mexicanos cuentan con el derecho de
libre tránsito por el País, pueden enfrentar cargos al viajar en el tren de
manera ilegal, a petición de la empresa concesionaria”. El funcionario
señaló que los operativos se realizarán de forma aleatoria e indefinida en
distintos puntos de las vías férreas que cruzan por la jurisdicción de
Mexicali.[2]
Otro periódico publicó sobre el caso: “(…) la empresa Ferromex fungió como parte quejosa y ante la solicitud
de apoyo se realizó el operativo… por lo que de manera programada se paró el
convoy donde ya estaba tendido un cerco policíaco que realizó las detenciones a
la altura del campo geotérmico… el objetivo es detener a las personas
extranjeras que viajan en el tren. Por su parte la Policía Federal reveló que
viajar de esta manera –además de ser peligroso- es contra la ley, por lo que
los nacionales fueron concentrados en albergues con la posibilidad de
comparecer ante la autoridad federal.” [3]
Para entender mejor estas acciones oficiales, nos remitimos a
lo publicado por el periódico La Jornada el 12 de julio de 2014 en su Pág. 4:
“… el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que habrá una regularización
del tren de carga que corre de sur a norte de México, conocido como La Bestia,
utilizado por los migrantes para llegar a la frontera con Estados Unidos.”
Continuó diciendo: “No
podemos seguir permitiendo que se corran riesgos, que se sigan perdiendo vidas
y que nadie haga nada. Esto es parte del anuncio del Presidente (Peña Nieto) de
una reforma integral para la atención de la migración en la frontera sur”.
Reiteró que el aumento del flujo migratorio, fundamentalmente de
centroamericanos que pasan por México, debe ser abordado de manera conjunta por
los países involucrados.
Finalmente, la Agencia Reforma publicó el 14 de julio de
2014: “El Gobierno de Estados Unidos ha
solicitado al Congreso destinar 86 millones de dólares de la Iniciativa Mérida
hacia el Programa Frontera Sur de México, aseguró el ministro consejero del Departamento
de Estado, Tom Shannon. La solicitud de recursos responde al alza de la
migración infantil centroamericana hacia la Unión Americana y que transita por
el País… Desde mi punto de vista, parece una iniciativa muy inteligente y muy
interesante”, dijo.
CONSIDERACIONES:
1.- La detención de migrantes mexicanos y centroamericanos
que viajan en el tren llamado “La Bestia”
desde la frontera sur de México, responde a una Política Migratoria de los
Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida, cuyas consecuencias (muerte,
secuestro, extorsión, violación, hacinamiento y abusos contra menores en los
Centros de Detención y separación familiar), son resultado –o dicho en términos
militares, “daños colaterales”- de una
visión de Seguridad Nacional impuesta a nuestro país, sin abordar ni atender el
origen social de la migración.
2.- ¿El Grupo de Coordinación Baja California en materia de
Seguridad Pública se puso el huarache antes de espinarse, como coloquialmente
se dice? ¿Los operativos policíacos de intercepción de migrantes en Mexicali son
un avance del anunciado Plan Frontera Sur que promueve Enrique Peña Nieto, como
una medida para “ordenar los flujos migratorios”
(antes le llamaban “administrar los asuntos migratorios”)? ¿Acaso se nos
oculta una política de colaboración total para estos fines con los Estados
Unidos?;
3.- El viajar en el lomo de un tren carguero, aunque sea de propiedad
privada, no amerita acto de autoridad alguno porque no constituye un delito, no
hay dolo en ello por parte de los migrantes ni hay daño patrimonial, no hay
flagrancia y no se contempla en ningún Código Penal. Para que la autoridad
federal actúe “a petición de la empresa concesionaria”,
como dijo López Torres-Coto, debió
haberse realizado un peritaje previo, además de, tras la supuesta
denuncia, definir por el MP el tipo de delito que presuntamente se va a perseguir que, en
este caso, ¡no existe! “Pueden enfrentar
cargos (los migrantes) al viajar en el
tren de manera ilegal”, sentencia el Subdelegado, que primero se debe
informar. Además, las autoridades municipales y ministeriales estatales no deben
actuar en las vías del ferrocarril porque son terreno federal. Si fue así, entonces,
quienes violaron la ley fueron las autoridades, no los migrantes;
4.- Es lamentable la participación en este operativo del
Grupo Beta Mexicali, porque el objetivo de estos grupos, desde su creación, es
la PROTECCIÓN DEL MIGRANTE sin importar su nacionalidad y condición migratoria,
no la colaboración en su persecución, detención y aseguramiento;
5.- Las autoridades involucradas en estos hechos incurrieron
en Detención Arbitraria de los migrantes, provocando un Acto de Molestia
prohibido por el artículo 16 Constitucional y
una violación a su derecho a la libertad de tránsito. El Artículo 7 de
la Ley de Migración dispone: “El libre
tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad
promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su
nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la
autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la
presente Ley”, esto último, que no es el caso. De hecho, uno de los mayores
avances de la Ley de Migración es que establece la DESPENALIZACIÓN de la migración
indocumentada;
6.- Si bien es obligación de las autoridades prevenir
condiciones de riesgo a la integridad y a la vida de las personas, en el caso
de los migrantes detenidos en Mexicali durante su viaje en “La Bestia”, para decidir su aseguramiento, primero debieron haber ponderado
las condiciones sociales, sobre todo de los migrantes centroamericanos, anteponiendo
la “hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo
lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su
país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la
tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.”
(Artículo 2º. Ley de Migración);
7.- Además y por si fuera poco, el Artículo 16, fracción 3,
de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y sus Familias, ratificada por el Estado Mexicano,
dispone: “La verificación por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los
trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los
procedimientos establecidos por ley”. A su vez, la fracción 4 dice: “Los trabajadores migratorios y sus
familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o
prisión arbitraria; no serán privados de su libertad, salvo por los motivos y
de conformidad con los procedimientos que la ley establezca”. La ley no
contempla que puedan ser bajados de un tren, revisar a todos para verificar su
nacionalidad y ser detenidos por la comisión de delitos que no existen, y
8.- Finalmente, si la consigna de los Estados Unidos,
obedecida por el gobierno Mexicano, es impedir el traslado de menores y
trabajadores migratorios desde centroamérica, aún en “La Bestia” (dudamos que lo logren), ¿creen que esto va a frenar la
migración? También lo dudamos. En cambio, se corre el riesgo de que sufran
mayores peligros y que se coloquen en situación aún más vulnerable, incluso, a expensas
del crimen organizado.
El Instituto Nacional de Migración no debe más violar los
derechos humanos de los migrantes ni arrastrar a autoridades estatales y
municipales en ello.
*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos
del Noroeste, AC
Julio de 2014
