ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS
RATIFICA GRAVE CRISIS
DE DERECHOS HUMANOS
Por Raúl Ramírez Baena*
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, máxima autoridad en el mundo en la
materia, ratificó en su reciente visita oficial a México los informes,
recomendaciones y trabajos del Comité contra la Desapariciones Forzadas de
Personas de la ONU, del Relator Especial sobre Tortura de la ONU, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI) que trabaja sobre
el caso Ayotzinapa.
Todos ellos han manifestado de manera oficial su preocupación
por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y que, lejos
de atenderse y resolverse por el gobierno del presidente Peña Nieto, a través
de la Segob, la Cancillería, la PGR y ahora también la Sedena, no sólo niegan
las evidencias sino que también descalifican los informes y evaden las
responsabilidades asumidas por el Estado Mexicano.
Al momento de escribir estas líneas aún no hay reacción del
gobierno federal a la Declaración pública emitida por el Alto Comisionado el
pasado 7 de octubre. Lo que si conocimos fueron las declaraciones del Gral.
Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, emitidas mediante entrevista
televisiva ad hoc. Erigiéndose en
juzgador, exculpa de facto a los
elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala sobre los hechos del 26 de
septiembre de 2014.
Confundido sobre las facultades del GIEI y de sí mismo, el
general dice que no va a permitir “que se
interrogue a mis soldados que no
cometieron hasta ahorita ningún delito”. Y que no va a permitir que a los
soldados “los traten como criminales… querer involucrar al
Ejército en esto, porque a alguien se le
ocurrió, creo que es
algo muy grave”.
En primer lugar, a su llegada a
México, los integrantes del GIEI dejaron claro que no son autoridad ministerial
para realizar diligencias, interrogatorios e investigaciones oficiales sobre el
caso Iguala, que eso compete al Ministerio Público (MP). Su misión tampoco es
impartir justicia sino documentar el caso, realizando peritajes, visitas y
entrevistas a varios actores, entre ellos los militares del 27 Batallón de
Infantería, para acercarse a la “verdad” de los hechos desde una posición
independiente (como debería ser el MP), obedeciendo el mandato de la CIDH con
el aval del gobierno mexicano, en cumplimiento a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de la cual México es Estado Parte.
Entrevistar (que no investigar) por
el GIEI a los soldados no es ninguna “ocurrencia”; hay sólidas evidencias sobre
su participación y omisiones en torno a los crímenes cometidos contra los
normalistas. Y desde luego nadie les dará a los soldados el trato de “criminales”,
en todo caso, deberán declarar –quizá como testigos- ante el MP. En cambio, ellos
si dan trato de criminales a personas detenidas arbitrariamente, incluso,
muchas torturadas, desaparecidas y ejecutadas, cuyos casos han conocido los
órganos de la ONU y la OEA.
Por su relevancia, reproduzco aquí
algunos de los puntos planteados por el Alto Comisionado de la ONU en su
Declaración Pública, tras su visita a México:
“Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en
México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente
investigados… Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto,
las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas
asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de
migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero
se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas.
Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas
de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”.
“Es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las
recomendaciones del GIEI incluyendo su insistencia de que las autoridades
reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con
miembros del Batallón No. 27, quienes estaban presuntamente en la escena
cuando algunos de los ataques tuvieron lugar...”
“… ha sido una sorpresa para nosotros cuando el Relator Especial de la
ONU sobre la tortura, Juan Méndez, al publicar su reciente informe sobre
México, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos
políticos, a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien
establecida (la cual se da generalmente a manos de la policía y ministerios
públicos durante el período inicial del arresto). Desafortunadamente, esta
intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en reacciones a
otros informes internacionales más recientes sobre México”.
“Mi mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia, que se
contrapone al papel constructivo de México en el Consejo de Derechos Humanos en
Ginebra, es el siguiente: en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el
mensaje”, aseguró el Alto Comisionado.
Mientras el gobierno de Peña Nieto no entienda que es
imperativo cambiar el modelo de desarrollo en el país, que las “Reformas
Estructurales” representan un retroceso para el desarrollo de la nación y su
soberanía, que el Acuerdo de Asociaciones Transpacífico (TPP) y el modelo de
“competitividad” sólo benefician al capital financiero nacional e
internacional, que la política educativa actual no promueve el desarrollo
integral de menores y adolescentes y menos del magisterio, que mientras no se
incremente significativamente el ingreso de las familias, que en tanto siga el
modelo de militarización de la seguridad pública, la corrupción, la impunidad, etc.,
seguirán creándose las condiciones para las violaciones graves a los derechos
humanos en México.
*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos
del Noroeste
