ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS RATIFICA GRAVE CRISIS

DE DERECHOS HUMANOS

Por Raúl Ramírez Baena*

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sr.  Zeid Ra’ad Al Hussein, máxima autoridad en el mundo en la materia, ratificó en su reciente visita oficial a México los informes, recomendaciones y trabajos del Comité contra la Desapariciones Forzadas de Personas de la ONU, del Relator Especial sobre Tortura de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI) que trabaja sobre el caso Ayotzinapa.

Todos ellos han manifestado de manera oficial su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y que, lejos de atenderse y resolverse por el gobierno del presidente Peña Nieto, a través de la Segob, la Cancillería, la PGR y ahora también la Sedena, no sólo niegan las evidencias sino que también descalifican los informes y evaden las responsabilidades asumidas por el Estado Mexicano.

Al momento de escribir estas líneas aún no hay reacción del gobierno federal a la Declaración pública emitida por el Alto Comisionado el pasado 7 de octubre. Lo que si conocimos fueron las declaraciones del Gral. Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, emitidas mediante entrevista televisiva ad hoc. Erigiéndose en juzgador, exculpa de facto a los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Confundido sobre las facultades del GIEI y de sí mismo, el general dice que no va a permitir “que se interrogue a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”. Y que no va a permitir que a los soldados “los traten como criminales… querer involucrar al Ejército en esto, porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave”. 

En primer lugar, a su llegada a México, los integrantes del GIEI dejaron claro que no son autoridad ministerial para realizar diligencias, interrogatorios e investigaciones oficiales sobre el caso Iguala, que eso compete al Ministerio Público (MP). Su misión tampoco es impartir justicia sino documentar el caso, realizando peritajes, visitas y entrevistas a varios actores, entre ellos los militares del 27 Batallón de Infantería, para acercarse a la “verdad” de los hechos desde una posición independiente (como debería ser el MP), obedeciendo el mandato de la CIDH con el aval del gobierno mexicano, en cumplimiento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual México es Estado Parte.

Entrevistar (que no investigar) por el GIEI a los soldados no es ninguna “ocurrencia”; hay sólidas evidencias sobre su participación y omisiones en torno a los crímenes cometidos contra los normalistas. Y desde luego nadie les dará a los soldados el trato de “criminales”, en todo caso, deberán declarar –quizá como testigos- ante el MP. En cambio, ellos si dan trato de criminales a personas detenidas arbitrariamente, incluso, muchas torturadas, desaparecidas y ejecutadas, cuyos casos han conocido los órganos de la ONU y la OEA.

Por su relevancia, reproduzco aquí algunos de los puntos planteados por el Alto Comisionado de la ONU en su Declaración Pública, tras su visita a México:

“Estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados… Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”.

“Es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del Batallón No. 27, quienes estaban presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques tuvieron lugar...”

“… ha sido una sorpresa para nosotros cuando el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, al publicar su reciente informe sobre México, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos políticos, a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida (la cual se da generalmente a manos de la policía y ministerios públicos durante el período inicial del arresto). Desafortunadamente, esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en reacciones a otros informes internacionales más recientes sobre México”.

“Mi mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia, que se contrapone al papel constructivo de México en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, es el siguiente: en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, aseguró el Alto Comisionado.

Mientras el gobierno de Peña Nieto no entienda que es imperativo cambiar el modelo de desarrollo en el país, que las “Reformas Estructurales” representan un retroceso para el desarrollo de la nación y su soberanía, que el Acuerdo de Asociaciones Transpacífico (TPP) y el modelo de “competitividad” sólo benefician al capital financiero nacional e internacional, que la política educativa actual no promueve el desarrollo integral de menores y adolescentes y menos del magisterio, que mientras no se incremente significativamente el ingreso de las familias, que en tanto siga el modelo de militarización de la seguridad pública, la corrupción, la impunidad, etc., seguirán creándose las condiciones para las violaciones graves a los derechos humanos en México.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste