NECESARIA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS

Por Raúl Ramírez Baena*

El periodista Salvador García Soto platea la idea de que el gobierno de Enrique Peña Nieto colocó en segundo plano la agenda de derechos humanos, priorizando las “reformas estructurales”, sobre todo la energética, y que eso le ha acarreado graves problemas.

El proyecto neoliberal del régimen ha menospreciado los excesos de la fuerza pública y militar, práctica que hereda de la administración de Felipe Calderón y su “guerra al narco”, que en esencia no ha cambiado, lo que ocasiona grandes dolores de cabeza a Peña Nieto, una baja de su popularidad, una pérdida de la confianza ciudadana y un descrédito a nivel internacional, destacando los casos de Tlatlaya, Iguala y la Casa Blanca. Este último, ícono de la corrupción oficial.

Es preocupante observar cómo el gobierno federal, como nunca antes, distraído con el tema del “populismo”, ha intentado por todos los medios de evadir y descalificar los informes y recomendaciones de la ONU y la OEA que exhiben la “grave crisis” de derechos humanos en México. Al mismo tiempo, el gobierno se empeña en descalificar la protesta social, en especial el movimiento magisterial disidente ante la llamada “Reforma Educativa”. 

El vacío de poder más la crisis económica que golpea la economía familiar, es aprovechado por otros poderes como la milicia, que ha ganado protagonismo y ha impuesto su particular visión de los hechos violatorios a los derechos humanos en los que personal castrense se ha visto involucrado, haciendo ver al titular de la Sedena con más poder mediático que el propio presidente.

Estas contradicciones y debilidades institucional provocan que en varias regiones del país la delincuencia organizada gobierne de facto, desplazando o sometiendo a la autoridad local legalmente constituida, con los consecuentes delitos contra la población (diluyéndose la tenue línea entre los cometidos por la delincuencia y la fuerza pública) en la modalidad de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, allanamientos, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, extorsiones, robos, despojos, cobros de derecho de piso, protección al crimen y desplazamientos forzosos.

El papel de las ONG

Ante las omisiones y fallas del gobierno en torno a sus obligaciones y deberes, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se han constituido en baluarte de la sociedad civil para la protección de los derechos humanos que, en esencia, debe garantizar el Estado Mexicano. Alguien tiene que hacer este trabajo. Las ONG imponen agenda y se constituyen en un fuerte bloque de defensa ciudadana, tanto en actividades humanitarias como en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.

Así, las ONG poco a poco inciden en las políticas públicas, como la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Radilla, la incorporación de la perspectiva de Género en los programas oficiales, la Ley General de Víctimas y las leyes sobre Desaparición Forzada y Tortura. No faltan los “Informes Sombra” ante los órganos de tratados de la ONU y la OEA, alternativos a los presentados por la parte oficial, y las denuncias ante esos órganos.

Resolución histórica del Comité Contra la Tortura de la ONU en caso de Baja California

Si a nivel nacional la Agenda de Derechos Humanos está en segundo plano, en Baja California también. Desde la administración de José Guadalupe Osuna Millán, la falta de visión y de voluntad política para transversalizar una política de derechos humanos en la administración estatal ha sido una constante, sobre todo en las áreas de Seguridad, de Procuración de Justicia y Social. Igual pasa en los ayuntamientos.

Osuna Millán fue un aliado incondicional de Felipe Calderón en su “guerra al narco”, instaurando el Mando Único Policial en la entidad a pesar de su inconstitucionalidad, nombrando como jefe nato de una función civil como es la Seguridad Pública, al Gral. Alfonso Duarte Mújica.

Junto con el hoy diputado federal Jorge Ramos, alcalde de Tijuana de 2007 al 2010, Felipe Calderón y Osuna Millán presentaron a Tijuana como el “Modelo de Seguridad” que el país necesita, teniendo como jefe policial municipal al Tte. Cor. Julián Leyzaola.

Sin embargo, Tijuana vivió entre los años 2008 al 2012 una violencia infernal desatada por el crimen organizado y por las fuerzas del orden y la milicia. Hoy observamos que el crimen no ha abdicado, que el narcomenudeo, la Trata y el tráfico de personas y de drogas siguen sin parar, que a diario aparecen ejecutados, que ha aumentado la incidencia de feminicidios, robos y otros.

La desaparición forzada de personas, la tortura y las detenciones arbitrarias por la fuerza pública, que no cesan, han arrojado desde el 2009 sendas Recomendaciones giradas por la CNDH y la PDH.

Derivado de su visita oficial a Tijuana en abril de 2014, los casos de tortura registrados en la entidad por las ONG formaron parte del Informe sobre México, que el Relator sobre Tortura de la ONU presentó en marzo de este año al Consejo de Derechos Humanos.

Y como corolario, otro caso documentado por las ONG: El mes pasado, el Comité Contra la Tortura de la ONU giró histórica Recomendación al Estado Mexicano para liberar de inmediato a 4 jóvenes torturados en el cuartel militar de Tijuana en 2009, sancionar a los militares responsables, reparar el daño a las víctimas, eliminar de la legislación nacional la figura del arraigo y desahogar en la justicia ordinaria los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares contra civiles.

Además de ser paradigmático, este caso muestra la práctica generalizada y sistemática de la tortura en Baja California, que merece por el gobierno del estado una seria revisión sobre sus políticas en materia de derechos humanos, particularmente de Seguridad y Procuración de Justicia, así como abrir el diálogo con las ONG.

Y falta por ver que resuelve la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por los casos de tortura en Baja California, presentados por 3 ONG en septiembre del año pasado.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste