CRIMINALIZACIÓN DE LA
PROTESTA MAGISTERIAL
Por Raúl Ramírez Baena*
La política educativa de Enrique Peña Nieto, plasmada en la
llamada Reforma Educativa, se encuentra hoy en su fase de aplicación-imposición
del examen de conocimientos y habilidades didácticas a los profesores.
Los estados donde la reforma encuentra mayor oposición:
Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, son los que enfrentan mayores niveles de
pobreza, población indígena, cacicazgos y fuerte presencia del crimen
organizado.
En contraparte, en estos estados hay un importante e
histórico movimiento de resistencia popular, presencia de policías
comunitarios, autodefensas y, por supuesto, un movimiento magisterial disidente
que recoge una fuerte tradición de lucha.
En estas condiciones explosivas, sin resolver antes los
conflictos sociales, el gobierno federal se atreve a imponer la Reforma
Educativa y su evaluación, que es una continuación de la Prueba PISA de la OCDE
para los alumnos, del año 2000, con visión de mercado. La reforma “es en
esencia un cambio político, porque modifica toda la organización del sistema
educativo mexicano”, acepta Aurelio Nuño.
Con la salida de Emilio Chuayffet, quien inició el sexenio al
frente de la SEP y quien concretó la Reforma Educativa, que por su estilo personal
provocó la confrontación con el magisterio disidente, y la llegada de Aurelio
Nuño el 27 de agosto pasado, se pensó que, por ser uno de los alfiles de Peña
Nieto para una posible candidatura presidencial, el diálogo se iba a imponer.
Lamentablemente no fue así, Nuño continuó con la mano dura.
Es obvio que estas son políticas calculadas desde la cúpula
del poder, que han privilegiado una estrategia de choque implementando una
campaña de descrédito de toda disidencia, así como de la represión laboral,
física y judicial a maestros opositores.
Lamentable la exhibición mediática de 4 dirigentes magisteriales
de la Sección 22 de Oaxaca, detenidos el 29 de octubre, trasladados por policías
federales (igual que el Chapo y la Barbie) como probables responsable de los
delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza
nacional en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital electoral en
Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería en Salina Cruz.
El Prof. Othón Nazariega Segura es procesado por su probable
autoría en los delitos de robo agravado, contra el consumo y riqueza nacional y
daño en propiedad ajena, en la toma de las instalaciones de El Tule, el robo de
libros de texto gratuitos y los daños a instalaciones de la Octava Región
Militar en la ciudad de Oaxaca.
Los profesores detenidos, exhibida su foto y ficha criminal
en la TV, fueron enviados al penal federal de El Altiplano, de máxima
seguridad, de donde se fugó el Chapo.
La manipulación mediática, impregnada de un fuerte optimismo
sobre la participación magisterial en los exámenes, tiene por objeto crear una
opinión pública desfavorable a la disidencia magisterial, por lo que observamos
en las redes sociales opiniones contrarias a los maestros opositores. Aprovechando
la desinformación popular, se impone el temor y el miedo a quienes se atrevan a
retar al gobierno federal.
De nada sirvieron las mesas de trabajo y debates entre las
partes antes de que se aprobara la reforma en el Congreso. Todo fue una burda simulación
(atole con el dedo, decíamos antes). No se trata entonces de mejorar la
educación, sino de controlar toda disidencia a un sistema de enseñanza permeado
por la ideología neoliberal de mercado.
Las fuertes imágenes de miles de policías destacados en las
ciudades donde los maestros amenazaron con boicotear los exámenes, dan cuenta de
un –casi- Estado de sitio que nos regresa al autoritarismo, en una proporción
de 2 o 3 policías por maestro evaluado; un Estado que resuelve por la fuerza las
diferencias políticas y no mediante el diálogo.
Esa demostración de fuerza se combina con el discurso de la
limpieza sindical magisterial, de ahí que, ¡por fin! los maestros de Oaxaca se
van a liberar de la ominosa Sección 22 de la CNTE, corporativa y clientelar,
dice Núñez. Obvio que su contraparte, el SNTE, es intocable, ese sí,
corporativo y clientelar.
Triste el papel de los gobernadores “de izquierda” de Oaxaca
y Michoacán, Gabino Cué y Silvano Aureoles, respectivamente, prestos a ofrecer
el apoyo incondicional a las medidas de fuerza contra el magisterio a cambio de
las participaciones federales. El dinero a cambio de los principios y de la
autonomía de los estados.
El magisterio disidente ha insistido que no se opone a la evaluación
del desempeño docente, sino a esta evaluación. En Colima, muchos maestros fueron
acarreados, amenazados o llevados por la fuerza, al igual que en otros estados;
pusieron su contraseña y clave, la cual les fue enviada con la notificación de
que “serían evaluados para la
permanencia en su cargo”.
En Zacatecas, hay testimonios de que las autoridades
educativas “amenazaron a los maestros
con quitarles sus plazas si no se presentaban a la evaluación”. A pesar de
ello, muchos abandonaron el examen en solidaridad a los que afuera protestaban.
Aurelio Nuño se confunde. Dice que protege “el derecho a la
evaluación” de los maestros, cuando debe ser más bien una obligación. Y desconociendo
el legítimo derecho a la desobediencia civil, que surge de violaciones a los
derechos humanos, justifica el uso de la fuerza. "No vamos a dialogar bajo
presión y menos cuando se está violando la ley", asegura, mientras la
Sección 22 lo emplaza a un diálogo “público y franco”. ¿Aceptará?
*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos
del Noroeste
