AGENDA DE DERECHOS
HUMANOS, PENDIENTE EN EL INFORME DE KIKO VEGA
Por Raúl Ramírez Baena*
Nos queda claro que el gobernador Francisco Vega no hablará o
hablará muy poco en su primer Informe de Gobierno sobre el cumplimiento de los
compromisos del estado de Baja California en materia de derechos humanos.
Para el tratamiento del tema el mandatario tiene asesores que
lo pueden apoyar. El nombramiento de José Luis Pérez Canchola como Asesor en Derechos
Humanos, nuevo puesto a nivel de gabinete creado en esta administración, creo
muchas expectativas por la destacada trayectoria de Pérez Canchola.
Sin embargo, al no estar claramente definidas la misión,
visión y objetivos del nuevo puesto, José Luis se encuentra acotado por las
corrientes políticas que confluyen al interior del gabinete estatal.
Por su parte, la Coordinación de Enlace y Seguimiento de
Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular es el Lic.
Eleazar Verástegui, sólo registra asuntos, informa al Secretario y coordina los
trabajos de lo que será el Programa Estatal de Derechos Humanos, que se construye
mediante el concurso de ONG, las academias, los tres Poderes del Estado y la
PDH, compromiso de todas las entidades federativas del país con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A pesar del trabajo que realiza Pérez Canchola documentando
violaciones graves a los derechos humanos y la situación de la población
cancelaria en Baja California, no se observa el diseño y ejecución, con
participación de la sociedad civil, de una POLÍTICA ESTATAL en materia de
Derechos Humanos; no hay lineamientos claros para las dependencias y organismos
públicos estatales (educación, salud, vivienda, desarrollo social, servicios
públicos); no se promueve la creación de áreas de derechos humanos en la PGJE y
en las dependencias de Seguridad Pública estatal y municipales, no hay cabildeo
de leyes ante el Congreso del Estado para la armonización con los estándares
nacionales e internacionales en temas
como tortura, desaparición forzada, igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, etc.
Si bien los casos de tortura en Baja California que documentó
la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) en el período
2009-2012 (que sirvieron de base al Relator de la ONU sobre la tortura, Juan E.
Méndez, en su visita a Baja California el pasado 30 de abril, a Amnistía
Internacional, que el 12 de septiembre presentó su Informe sobre tortura en
Tijuana, y la denuncia que ese mismo día presentamos tres ONG a la Fiscal
General de la Corte Penal Internacional de La Haya) no sucedieron en la actual
administración estatal, no se observa voluntad política para ahondar en las
investigaciones y consignar al Poder Judicial las denuncias ya interpuestas por
las víctimas de tortura ante el fuero común, en especial en contra de Julián
Leyzaola, Gustavo Huerta y agentes de la Policía Estatal Preventiva señalados,
fomentando con ello la impunidad. Aunque en menor medida, se siguen registrando
casos.
El desaire del gobernador Kiko Vega a los directores de
Amnistía Internacional México y Canadá al no recibirlos personalmente, como lo
establece el protocolo en estos casos, es una señal preocupante. Quizá su
círculo más cercano lo mal aconsejó o no le informó adecuadamente sobre la
trascendencia de la visita.
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), en
el marco de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura, puso a disposición
del gobierno del estado la capacitación gratuita a agentes ministeriales, custodios
penitenciarios y policías estatales y municipales, sobre el uso de la fuerza y protocolos
para la detención de las personas, así como la realización de un Foro Estatal sobre
el tema de la tortura. Nada se ha concretado.
En cuanto a la PGJE, en su estreno en la aplicación del
Protocolo de Estambul, el peritaje en el caso de Adrián Vázquez Lagunes,
torturado y gravemente lesionado por la PEP en 2012, puesto al borde de la
muerte, quien hoy está siendo procesado en El Hongo por droga y armas sembradas
durante su detención ilegal, resultó “negativo” según la Procuraduría, a pesar
de las evidencias de tortura. Mal comienzo.
Desde que Kiko era gobernador electo, la CCDH intentó
infructuosamente entrevistarse con él para presentarle una AGENDA DE DERECHOS
HUMANOS. De habernos escuchado quizá otra sería la posición oficial. No se pudo
y no se ha podido realizar ese encuentro, tampoco con el Secretario General de
Gobierno, Francisco Rueda. Es una pena.
Quedan pendientes otros delicados temas como la desaparición
forzada de personas, delito continuo que no prescribe, doloroso para los
familiares, aunado a la escasa actuación del Ministerio Público en el desahogo
de las denuncias; los derechos indígenas, tanto de nativos como de indígenas establecidos
en el estado; sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes,
asunto aún no atendido por el Consejo Estatal de Migración, las violaciones a
los derechos económicos, sociales y culturales (educación, salud, vivienda,
seguridad social, trabajo con salario digno, alimentación), que abonan al
incremento de la pobreza y la marginación en el estado, y otros.
Si así están las cosas, en lugar de evadir o negar los
señalamientos y denuncias, lo mejor sería que el gobierno estatal ajustara sus
políticas e incluya la Agenda de Derechos Humanos entre sus prioridades. Aún es
tiempo. Y que las autoridades responsables de violaciones a los derechos
humanos, pasadas y presentes, autores materiales o intelectuales por acción u
omisión, asuman su responsabilidad.
*Director de
la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
Septiembre de
2014
