lunes, 14 de septiembre de 2015

LA MIGRACIÓN SUR-NORTE ES YA UNA CRISIS HUMANITARIA

Por Raúl Ramírez Baena*

Las dos regiones del mundo con mayores riesgos para las personas migrantes son el Mar Mediterráneo y México. En ambas, la movilidad humana tiene su origen en la pobreza, pero ahora más que nunca, en la violencia.

Sobre la emigración del Norte de África, Afganistan y Siria, se calcula que en los primeros  seis meses de 2015 han ingresado a Europa 137 mil personas huyendo de los conflictos armados en sus países.

En lo que va del año más de 2,600 migrantes se han ahogado en el Mediterráneo. La magnitud de la tragedia se midió por la foto de Aylan que dio la vuelta al mundo, menor sirio de 3 años ahogado junto con su hermano mayor y su madre en una playa de Turquía.

La oleada de migrantes sirios que buscan asilo en Europa huyendo de la cruenta guerra desatada por el movimiento extremista Estado Islámico (EI) y el gobierno sirio, hace pagar ahora a los países de la Unión Europea la complicidad con las políticas de intervención armada encabezada por los Estados Unidos en Medio Oriente, mediante conflictos desencadenados para la apropiación del petróleo y el gas y para contrarrestar lo que consideran la amenaza de Rusia y China a sus intereses estratégicos.

Para nadie es un secreto que la CIA y el Pentágono, con la complicidad de Inglaterra, Alemania, Francia, Arabia Saudita y otros países europeos, entrenaron a las fuerzas de Al Quaeda y a otros grupos radicales, entre los que surge y destaca el EI por su extrema violencia y crueldad para arrasar ciudades y civiles.

La intervención de Occidente en Medio Oriente ha corrompido y desestabilizado a la región provocando la radicalización armada de las tribus y sectas musulmanas, diluyéndose la línea entre los justos y los verdugos. Así nace el nuevo éxodo.

Contradictoriamente, los países de Europa Oriental, antes socialistas, y la derecha europea, son los que más rechazan a los exiliados, en un preocupante resurgimiento de la xenofobia y el fascismo en el viejo continente, que ven a los nuevos refugiados como una carga y no como seres humanos que huyen de los conflictos, a quienes hay que ayudar.

Siria era hasta el año 2011 símbolo de los países más estables y cultos de la región, cuna de la civilización humana junto con Irak (hoy destruidos sus vestigios por el EI), foco de resistencia al imperialismo y al sionismo y base de la solidaridad con Palestina. Norteamericanos, europeos y saudiárabes estallaron la guerra en Siria teniendo como objetivo Irán, para asumir el control total de la región y, por ende, de sus recursos petroleros. Ello ha ocasionado el éxodo de más de 12 millones de personas entre desplazados internos y hacia otros países.

En América, migrantes mexicanos y centroamericanos huyen de la pobreza y de la violencia desatada en sus lugares de origen, siendo víctimas del crimen organizado y de autoridades corruptas durante el tránsito por territorio mexicano, aunado a la severidad de las políticas migratorias impuestas por los Estados Unidos.

Hasta principios de los 90, los inmigrantes tenían que lidiar con la Patrulla Fronteriza estadunidense y con la corrupción de las autoridades mexicanas; los polleros eran prestadores de servicios que cruzaban una y otra vez a los migrantes por bajo precio. Hoy los traficantes son miembros del crimen organizado.

El inicio del Operativo Guardián en 1994, diseñado por el Pentágono bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, mediante la construcción de la barda metálica fronteriza, sensores sísmicos, visión nocturna, drones, helicópteros y más guardias fronterizos, y las reformas a la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1997, que impuso el ID Sistem y la criminalización del ingreso “ilegal”, provocó la muerte de miles de migrantes en las montañas, canales, ríos y desiertos, así como el encarcelamiento de cientos de miles y la posterior repatriación y exclusión de quienes reincidían en el ingreso “ilegal”.

Con el derrumbe de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, la frontera se reforzó más que nunca, aunado a la acción impune de los Minuteman (caza migrantes).

Ahora, los migrantes mexicanos y centroamericanos son rehenes de la delincuencia organizada, traducido esto en cargar droga durante el cruce, ser víctima de trata sexual o laboral, secuestro, extorsión, violación sexual, homicidio y entierros en fosas clandestinas. Para rematar, riesgo de muerte o mutilación en La Bestia durante la ruta.

El Plan Frontera Sur, “Acciones para la Protección Integral del Migrante” –versión mexicana del Operativo Guardián adoptado por la administración Peña Nieto en julio de 2014 siguiendo las instrucciones de Barak Obama-, se distingue por deportaciones masivas de centroamericanos, aumento de riesgos y cacería oficial desde la frontera sur hasta la frontera norte de México, poniéndolos a la mano del crimen organizado.

 “Si en México los migrantes flotaran como flotan en el mar Mediterráneo, tendríamos cadáveres por todo México flotando. Los migrantes aquí son invisibles, terminan en las fosas clandestinas o terminan como esclavos sexuales y laborales”, dijo Marta Sánchez Soler del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Para el sacerdote Rubén Pérez Ortíz de la Casa de la Caridad Hogar Migrante en San Luis Potosí, el 90 por ciento de las mujeres migrantes sufre violación sexual. “Mientras Estados  Unidos levanta muros, aquí cavamos fosas para enterrarlos”, dijo Fray Tomás González Castillo, del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste





ABSUELVEN Y LIBERAN A JOVEN TORTURADO POR PEP DE BAJA CALIFORNIA


 



COMUNICADO DE PRENSA

·       Justicia federal absuelve y libera a Luis Ángel Zazueta Cornejo, torturado por la PEP en septiembre de 2012, inculpándolo de pertenecer al CAF
·       PDH emitió Recomendación a la SSPE que no se ha cumplido a la fecha
·       El Ministerio Público debe consignar a los agentes torturadores

14 de septiembre de 2015

A raíz de la sentencia absolutoria dictada por el Juez Decimosexto de Distrito en Tijuana, B.C. el pasado 9 de septiembre, fue liberado del penal de La Mesa LUIS ÁNGEL ZAZUETA CORNEJO, joven estadunidense detenido arbitrariamente el 26 de septiembre de 2012 por agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quienes se introdujeron de manera ilegal al domicilio de su padre en Playas de Tijuana, donde se llevaba a cabo una reunión familiar.

Ese día, los agentes de la PEP entraron a la propiedad sin orden judicial, unos vestidos de civil con chalecos con las siglas de PEP y otros vestidos de negro con capucha y arma larga, torturaron a los hombres que se encontraban en ese domicilio, sustrajeron los valores y se llevaron a Luis Ángel, llamando más tarde a la familia para exigirle dinero a cambio de su libertad, llamada que fue grabada.

Como no les fue proporcionado el dinero que solicitaban, los agentes de la PEP lo trasladaron a los separos, lo torturaron y le sembraron droga como a otros detenidos para, posteriormente, ser presentados ante el Ministerio Público Federal.

Luis Ángel Zazueta Cornejo, al igual que Adrián Vázquez Lagunes (a quien la PEP le impuso el mote de “El Machoprieto”) y 4 personas más, entre ellas una mujer, fueron detenidos el mismo día en diferentes lugares, torturados y presentados a la prensa como integrantes de una célula del CAF.

El caso de Luis Ángel Zazueta, como otros más, fue presentado por la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) a Amnistía Internacional en febrero de 2014, organismo que lo entrevistó en el Cereso de La Mesa, incorporando el caso en el Informe de septiembre de 2014 denominado: “Fuera de Control, Tortura y Malos Tratos en México”.

En abril de 2014 la CCDH incluyó el caso de Luis Ángel con el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, Juan E. Méndez, en su visita oficial a Tijuana, quien se entrevistó con sus familiares.

En septiembre de 2014, la CCDH, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), presentaron el caso de Luis Ángel y otros más a la Corte Penal Internacional de La Haya (ONU), solicitando a la fiscalía de la Corte el inicio de Examen Preliminar por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en la modalidad de tortura en Baja California.

La CNDH aplicó a Luis Ángel el Protocolo de Estambul, certificando la tortura de que fue víctima. En consecuencia, el 5 de diciembre de 2013, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (hoy Comisión Estatal de Derechos Humanos) emitió la Recomendación 27/2013 al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, aceptada parcialmente.

En la Recomendación se exige a la SSPE, entre otras acciones, “resarcir el daño causado al agraviado” y que “Se instruya por escrito al personal de la Policía Estatal Preventiva, para que en su labor diaria que desempeñan, cesen las actuaciones ilegales en contra de cualquier persona, así como la orden enérgica a efecto de que se dejen de realizar tratos crueles, inhumanos o degradantes (…) tal como lo exige la Carta Magna”. La Recomendación no se ha cumplido a la fecha, por lo que el titular de la SSPE debe comparecer ante el Congreso como lo obliga la Constitución.

Ahora, con la sentencia absolutoria de la justicia federal y ante la denuncia penal interpuesta por los familiares de Luis Ángel, no debe haber impedimentos para que el Ministerio Público del Fuero Común consigne ante el Poder Judicial local a los agentes de la PEP responsables de la tortura.

Luis Ángel se encuentra hoy en la Unión Americana al lado de su familia, con graves secuelas físicas y psicológicas a consecuencia de la tortura y de la injusta reclusión de que fue objeto durante casi 3 años.

Atentamente:
RAÚL RAMÍREZ BAENA
Director Ejecutivo
Tel. (686) 172 7956
ccdhbc@yahoo.com.mx




miércoles, 9 de septiembre de 2015

EL FRACASO DE LA VIVIENDA POPULAR

Por Raúl Ramírez Baena*
“El derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y con dignidad”.
Miloon Kothari, ex Relator de la ONU sobre Vivienda Adecuada

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México (en adelante el Pacto), establece en su artículo 11 que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (...).” 

Para la ONU, la adecuación de la vivienda viene determinada por factores sociales, económicos, culturales, climáticos, ecológicos y de otra índole. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) considera que es posible identificar algunos aspectos del derecho a una vivienda adecuada que se deben tener en cuenta en cualquier contexto. Entre ellos figuran: a) seguridad jurídica de la tenencia; b) disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e) accesibilidad; f) lugar, y g) adecuación cultural.

En opinión del Comité DESC, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad.  Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.  Y así debe ser por lo menos por dos razones.  En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto.  Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras consideraciones, principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos.

A pesar de que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia la importancia del pleno respeto del derecho a una vivienda adecuada, sigue existiendo un abismo preocupante entre las normas fijadas y la situación reinante en muchas regiones del mundo.  Esos problemas suelen ser especialmente graves en algunos países en desarrollo que enfrentan limitaciones de recursos y de otra índole.
  
El caso Baja California

En la administración de José Guadalupe Osuna Millán, Baja California vivió un boom en la construcción de vivienda para estratos sociales medios y bajos. Empresas como Urbi, PromoCasa, Casas Geo y otras, vinculadas a empresarios preferidos del régimen, comenzaron a construir viviendas y a ofrecer créditos blandos a jefes de familia.

Las unidades habitacionales se construyeron masivamente con una visión y objetivos lucrativos, más que de Seguridad Humana, sin respetar los estándares internacionales en materia de “vivienda adecuada”, incluyendo las dimensiones de la superficie construida. Así, se construyeron viviendas de 35 o 45 m2 de superficie que provocan hacinamiento, cuando el estándar internacional dispone una superficie mínima de 75m2 para considerarse “vivienda digna”.

No se edificaron casas-habitación integrando al proyecto urbano aspectos básicos de seguridad ciudadana, desarrollo social, servicios públicos accesibles e integrados, etc., con enfoque de derechos humanos y sustentabilidad, que además fueran habitables en sentido de ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales como sismos e inundaciones y de vectores de enfermedad (epidemias como la rickettsia y otras) y que garanticen la seguridad física de los ocupantes.

Las consecuencias han sido el abandono paulatino de viviendas que, al verlas hoy causan pena por los niveles de destrucción en que se encuentran. Como se convirtieron en colonias en riesgo, sus moradores prefieren abandonar las casas ante la falta de un ambiente de seguridad y de paz que, desde luego, no se resuelve con policías.

Las edificaciones respondieron a motivos mercantiles, por lo que programas habitacionales como el Valle de Las Palmas en Tijuana o el Valle de Puebla en Mexicali, no respondieron a la situación especial de la población joven o de familias jóvenes, ni a la población migrante. No hubo planificación con visión de desarrollo humano y ahora el Estado está empeñado en rescatar a las empresas constructoras más no a las familias sin hogar digno y seguro.

Por último, la CARTA MUNDIAL DE DERECHO A LA CIUDAD, adoptada por la Coalición Hábitat de la ONU en el marco del I Foro Social Mundial de Brasil (2001), el Foro Social de las Américas en Quito (2004) y el Foro Mundial Urbano Barcelona-Quito (2004), consideran que los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países del tercer mundo se caracterizan por establecer patrones de concentración de renta y poder así como procesos acelerados de urbanización que contribuyen a la depredación del ambiente y a la privatización del espacio público, generando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial.

Así mismo, que las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada –en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste


jueves, 3 de septiembre de 2015

POR QUÉ DEBE CASARLAS EL DOC

Por Raúl Ramírez Baena*

Días atrás comenzó una campaña en las redes sociales denominada “Ya cáselas, Doc”, dirigida al presidente municipal de Tijuana, Dr. Jorge Astiazarán.

La pareja conformada por Meritxell Calderón y Nancy Bonilla acudieron a las oficinas del Registro Civil de la ciudad fronteriza a contraer matrimonio civil, como es su deseo y derecho. Sin embargo, las autoridades municipales se lo han negado argumentando que la Constitución y el Código Civil de Baja California impiden que parejas del mismo sexo lo contraigan, ceremonia reservada sólo a parejas conformadas por hombre y mujer, según la normatividad local.

Las autoridades locales han dicho que sólo mediante juicio de amparo ganado en los tribunales procederán a casar por la vía civil a parejas del mismo sexo. Esto es así a partir de un amparo ganado en primera y segunda instancia en el año 2014 por una pareja gay en Mexicali, que puso al borde de la destitución y acción penal al presidente municipal, Jaime Rafael Díaz Ochoa.

Así, las autoridades del Registro Civil en los municipios de Baja California celebran el matrimonio igualitario siempre y cuando las parejas traigan consigo un amparo, posterior al rechazo inicial a celebrar la ceremonia civil. A las parejas del mismo sexo que no acuden amparadas se les niega ese derecho, algunas de las cuales deciden recorrer el largo y costoso camino judicial.

Podría uno pensar que Meritxell y Nancy deberían recurrir entonces a un juzgado de Distrito en la búsqueda del amparo de la justicia para casarse y punto. Pero no, no lo han hecho y por lo visto no lo harán porque en estricto sentido tienen razón, no tienen la necesidad de hacerlo ya que es su derecho y las autoridades del Registro Civil tienen la obligación de casarlas sin mayor trámite.

La campaña “Ya cáselas, Doc”, tiene por objeto obligar al presidente municipal de Tijuana a cumplir con la ley sin necesidad de un amparo (obligación de interpretar las normas relativas a los derechos humanos, “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”, inscrita en el Artículo 1º Constitucional).

Al Dr. Jorge Astiazarán y a otros alcaldes renuentes se les recuerda sus obligaciones plasmadas también en el Artículo 1º de la Carta Magna: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”.

Por si fuera poco, el último párrafo del mismo Artículo prohíbe toda discriminación, incluso, por “preferencias sexuales”. La exclusión de Meritxell y Nancy de gozar de este derecho universal constituye un acto de discriminación, una violación a sus derechos humanos.

Recordemos que en junio de 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Constitución de Baja California y su Código Civil, argumentando que  “atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, además, de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales (…) en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual”.

Además, en junio de este año, la Primera Sala de la SCJN estableció que las leyes de cualquier estado del país que considere que la finalidad del matrimonio “es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Aunque la jurisprudencia aprobada por la sala no obliga a las autoridades a cambiar las leyes sobre el matrimonio, sí establece el criterio que deben seguir los jueces y tribunales, por lo cual deberá apoyar a una pareja homosexual si interpone un amparo para poder casarse en un estado que no lo permita.

¿Por qué entonces los alcaldes no cumplen con sus responsabilidades?

Las razones por las que al parecer no proceden a casar por la vía civil a las parejas del mismo sexo pueden ser: 1) Políticas, es decir, votos. Como Baja California es una entidad conservadora, condición ratificada desde hace 25 años, piensan que si algún presidente municipal decidiera casar por la vía civil a parejas del mismo sexo, corre el riesgo de ser linchado y que su partido político baje en las preferencias electorales; 2) Ideológicas y de moral religiosa. A ello se suma la fuerte presión que ejercen las iglesias y los grupos conservadores y, 3) Al no estar expedidas las leyes reglamentarias del Artículo 1º Constitucional, no hay mecanismos penales de coerción.

Sin embargo, ante la contundencia de la Carta Magna y su interpretación por la máxima autoridad judicial del país, los alcaldes deben asumir una actitud democrática y republicana y entender que México es un Estado Laico; que deben anteponer las razones de Estado por encima de las razones electorales, ideológicas, religiosas o de otra índole. Lo anterior deriva no sólo en una obligación legal, sino también política, ética y moral.

En México sobran políticos y hacen falta Estadistas.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste