URGE REFORMA POLICIAL
DEMOCRÁTICA EN BC
Por Raúl Ramírez Baena*
En memoria de Don Oscar Genel
“Los gobiernos pasan pero la policía queda”
Costa Gavras,
cineasta franco-griego
Al inicio de la nueva administración estatal y en los albores
de los próximos gobiernos municipales de Baja California, se ha agudizado la
inseguridad a la par que los abusos de la Policía Estatal Preventiva y de las
policías municipales, quienes ocupan ya el primer lugar en violaciones a los
derechos humanos en la entidad al retirarse el ejército de las calles.
Partiendo de que la Seguridad Pública es un derecho humano, es
claro que ningún gobierno puede presumir una exitosa política de seguridad (como
falsamente se publicitó en los gobiernos anteriores el caso de Tijuana), si las
policías violan de manera sistemática los derechos humanos de la ciudadanía y
de los propios policías, si personajes como Julián Leyzaola son considerados “héroes”
por autoridades y algunos sectores de la sociedad.
Lo más preocupante es que no hay señales de cambio, de
proyectos estratégicos que marquen un rumbo distinto para mejorar las cosas. Aún
con los nuevos gobiernos, no es difícil prever que las policías van a salir de
nuevo a las calles a hacer lo mismo de siempre: patrullajes sin plan específico,
operativos especiales, detenciones arbitrarias de sectores vulnerables, operativos
mochila y retenes; allanamientos y cateos ilegales, siembra de evidencias,
falsas acusaciones, extorsión y tortura de detenidos, impregnados con altas
dosis de corrupción e impunidad. Todo ello bajo la complacencia de los agentes
del Ministerio Público del fuero federal y del fuero común que pueden frenar
esos excesos.
La falta de una Cultura de los Derechos Humanos y el incremento
de la violencia criminal permiten la impunidad, creándose la percepción popular
de que todo es válido, incluso los abusos de autoridad, para hacer cumplir la
ley. Así por ejemplo, la autoridad justifica el tratamiento del fenómeno
migratorio, del comercio informal, de las adicciones y de las trabajadoras
sexuales desde el ámbito de la seguridad púbica en lugar del ámbito social,
como es la recomendación de la ONU.
Un elemento que resulta indispensable plantear es la relación
entre políticas de seguridad y políticas sociales dentro de la concepción más
amplia de la política criminal, pues un riesgo latente es considerar que la
criminalidad tiene su base únicamente en el comportamiento individual y que no
está relacionada con causas sociales, eximiendo la obligación del Estado de procurar
una condición de vida digna a los sectores marginados en una sociedad
profundamente desigual, donde también tengan plena vigencia los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales.
Una de las manifestaciones más notorias de la crisis por la
que atraviesan las áreas de seguridad y de procuración de justicia en Baja
California, es la continua liberación por el Poder Judicial de personas
detenidas por las policías preventivas e investigadoras. Lo más fácil para las
autoridades, haciéndose eco en algunos medios de comunicación, es echarle la
culpa de dichas liberaciones a los jueces o, de plano, al Nuevo Sistema de
Justicia Penal.
Es evidente que los principales responsables de la impunidad son
la mala integración de las averiguaciones previas por el Ministerio Público y
las violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, la tortura y
otras, por las policías, desde la detención misma de las personas, que anula ante
los Jueces de Control (que en esencia son jueces de derechos humanos) las
pruebas presentadas por estar contaminadas de origen. Como si no hubiera sido
suficiente la lección que dejó a México el caso Florence Cassez.
Hoy, las autoridades no pueden apostar a que el ejército va a
salvarlos de la crisis de inseguridad. Ante el desgaste y descrédito que
sufrieron las fuerzas armadas en el sexenio anterior, salvo excepciones como Michoacán,
ahora se concentran en acciones de inteligencia.
Algunos cambios que se
pueden hacer en una Reforma Policial
1.- Lo primero que las
autoridades pueden hacer es voltear la mirada hacia el paradigma de la Seguridad
Ciudadana, propuesto por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA, que propone policías comunitarias arraigadas a sus
comunidades de origen, privilegiando el diálogo, la conciliación y la mediación
de problemas, sobre la base de que la Seguridad Pública no es un asunto sólo de
policías sino de toda la administración pública en su conjunto; de la identificación
de los “factores de riesgo” que inciden en la inseguridad y las adicciones y la
detección y canalización de las demandas y necesidades de las comunidades.
El concepto tradicional de Seguridad Pública está vinculado a
una visión del Estado que se preocupa más por garantizar el orden por el orden
mismo; en cambio, la Seguridad Ciudadana remite a sistemas en los que se
promueven modelos policiales acordes con la participación ciudadana. Además, la
seguridad no se limita solamente a la lucha contra la delincuencia, sino que
busca crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las
personas;
2.- Hacer efectivo el
Servicio Policial de Carrera para que los puestos de dirección y de mando, las vacantes
y los nuevos puestos sean ocupados a concurso mediante convocatoria pública.
Esto ayudará a evitar los cambios discrecionales de mandos de
una administración a otra y el arribo a estas posiciones de personas sin la
experiencia y el perfil adecuado (obedeciendo al cumplimiento de las consabidas
cuotas de poder), sin planes de desarrollo continuo, provocando el descontrol y
el descontento al interior de las corporaciones por las injusticias cometidas;
3.- Aunque es un mandato
de carácter federal previsto en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, el Sistema de Control de Confianza debe ser revisado profundamente
para impedir que se violen los derechos a la presunción de inocencias y a la
información de los integrantes de las instituciones de seguridad pública sobre
el resultado de los exámenes que se les aplica, y que no sea un acto de
molestia prohibido por el artículo 16 constitucional. Los derechos humanos son
universales e inalienables.
La onerosa operación
de este Sistema no garantiza la detección, separación y sanción de policías
corruptos. Es incongruente que las autoridades, amparadas en la Constitución y
en la ley arriba citada, obliguen a certificarse incluso a personal administrativo,
de intendencia, de informática, académicos y otros que no son operativos.
En todo caso, se deben someter a Exámenes de Control de
Confianza sólo aquellos elementos que, a consecuencia de una investigación
ministerial u orden judicial, se presuma bajo sospecha fundada que estén
involucrados en actos ilegales;
4.- Es urgente y necesario democratizar el Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública estatal y los comités municipales respectivos, para que
sus directivos e integrantes representen a varios sectores de la sociedad, no prioritariamente
a empresarios, y que sean electos mediante convocatoria pública transparente, no
nombrados por los gobernantes como lo es ahora. Este cambio es con el fin de
que la sociedad civil participe efectivamente en el diseño, ejecución y
evaluación de las políticas de seguridad pública.
5.- Por último, el
respeto a los derechos humanos de las y los policías debe ser una política de
Estado. Este suele ser un tema espinoso, evadido por las autoridades, que da
lugar a constantes presiones si los policías no cumplen órdenes ilegales,
debiendo ser cubiertas éstas a riesgo de recibir suspensiones, arrestos
arbitrarios u órdenes de traslado a lugares alejados de sus domicilios, sin el
pago de los viáticos y traslados correspondientes, simulados como “necesidades
del servicio”.
Consecuente con los estándares
nacionales e internacionales, deben implementarse también programas con Enfoque
de Género al interior de las corporaciones, mediante actividades tendientes a
prevenir y sancionar la discriminación, el hostigamiento laboral y sexual y la
violencia en contra de las mujeres policías y custodias penitenciarias.
*Director de
la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Noviembre de
2013
