EXTRAVÍO DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA EN MEXICALI
Por Raúl Ramírez Baena*
A la memoria de doña Cristina Palacios,
a un año de su partida
Felipe Calderón y José Guadalupe Osuna Millán (gobernador de
Baja California en el período 2007-2013) presumieron que Tijuana era el “Modelo
exitoso de Seguridad” en el país, basados en el “trabajo” desarrollado por el
Gral. Alfonso Duarte Mújica, comandante de la II Zona Militar y posteriormente
de la II Región Militar (2010-2012),[1] y del
Tte. Cor. Julián Leyzaola, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana
(2007-2010), visión que ha hecho mucho daño al país porque presupone que las
acciones de fuerza y la militarización de la Seguridad Pública son la solución mágica
a la crisis estructural de inseguridad. Incluso, prestigiados académicos han
creído ese “mito genial”.
La falta de visión integral sobre el tema de la Seguridad
Pública hizo que el actual presidente municipal de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa,
a pesar de haber sido Director de Seguridad Pública Municipal (1996-1998) y
presidente municipal del mismo municipio años atrás (2001-2004), nombrara como
jefe policíaco a un militar, el Gral. José Ramírez Cardozo, ex Comandante de
Sección en el 5to Batallón de Infantería en Tijuana, quien trabajó bajo las órdenes
del Gral. Alfonso Duarte Mújica.[2]
El error de Jaime Díaz no consistió en ignorar que el general
Ramírez Cardozo hubiese tenido antecedentes penales en la justicia militar
(cosa que ocultó ante el Cabildo mexicalense), sino haber nombrado a un militar
en el cargo, sin antecedentes ni experiencia alguna en materia de Seguridad
Pública.
Ramírez Cardozo, además de haber sido parte del equipo del
Gral. Alfonso Duarte (quien tienen en su haber ser el responsable del mayor
número de casos sobre violaciones graves a los derechos humanos en Baja
California, perpetrados presuntamente por un comando negro integrado por
elementos de inteligencia militar bajo su mando), durante su corta gestión de
menos de 3 meses como jefe policíaco de Mexicali tomó decisiones que alteraron
la vida institucional de la corporación municipal:
1. Sin distingo de quienes en realidad eran
o no “aviadores”, despidió a más de 100 policías y trabajadores de la Dirección
a su cargo, sin hacer un análisis de puestos, de desempeño, de antigüedad y de capacidades,
y sin respetar los derechos laborales y de audiencia de esos trabajadores;
2. Degradó a mujeres policías que habían
obtenido puestos de mando policial en anteriores administraciones, omitiendo
incorporar en la corporación, como era su obligación, políticas con perspectiva
de género;
3. Omitió también incorporar en la
institución policial municipal políticas con enfoque de derechos humanos, evadiendo
la capacitación especializada en esa materia de los elementos de base y del
cuadro de mando en la Academia de Policía municipal;
4. Contrario a la propuesta de la ONU
sobre Seguridad Ciudadana, que prevé el arraigo de los policías en sus
comunidades de origen para la mayor identidad con las demandas y necesidades
ciudadanas, cambió a los policías originarios del Valle de Mexicali a la Cd. de
Mexicali y viceversa, con los consecuentes perjuicios económicos y laborales,
provocando la inconformidad de los afectados, y
5. Ante el incremento de los índices de
criminalidad y delincuenciales en el Valle de Mexicali, al general no se le
ocurrió otra cosa más que incorporar en operativos a elementos militares y de
otras corporaciones, los que, además de ser ineficaces para combatir los
delitos, trae como consecuencia violaciones a los derechos humanos de personas
detenidas arbitrariamente.
Es muy significativo que, ante la crisis por la que atraviesa
la policía municipal de Mexicali, las comisiones de Seguridad Pública y de
Derechos Humanos del Congreso de Baja California y del Cabildo no hayan puesto
atención a este delicado asunto, tomando como base los estándares
internacionales en materia de Seguridad Pública y Derechos Humanos.
Es cierto que los índices de criminalidad, narcomenudeo y
secuestros se han incrementado no sólo en Baja California sino en todo el país,
pero recurrir a la fuerza militar, muy efectiva para la defensa de la Seguridad
Interior y la Seguridad Nacional, acarrea resultados desastrosos a la Seguridad
Pública y los Derechos Humanos, como bien se demostró en el sexenio pasado.
El pragmatismo puro lleva siempre a las autoridades a realizar
operativos que irremediablemente terminan deteniendo en la vía pública a
adictos, jóvenes, trabajadores pauperizados, migrantes, trabajadoras sexuales y
otros grupos vulnerables con una gran carga de violencia y de abusos en contra
de esas personas, eso sí, con un gran despliegue de medios. Es peor el remedio
que la enfermedad.
A pesar de las fallas estructurales cometidas por el Gral.
Ramírez Cardozo en funciones de jefe policíaco, las autoridades municipales siguen
sin acudir a especialistas, académicos, policías experimentados y
organizaciones no gubernamentales para la recomposición de tan importante área.
En pocas palabras, no se dejan ayudar, pues.
*Director de
la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Marzo de 2014
[1] “En Baja
California, desde hace dos años, el Mando Único es el Gral. Duarte. Con él se
reporta el Procurador, el Secretario de Seguridad Pública y los secretarios de
Seguridad Pública municipal”, José Guadalupe Osuna Millán en entrevista con
Joaquín López-Doriga, Radiofórmula, 07 de octubre de 2010. El Gral. Alfonso
Duarte Mújica fue comandante de la II Zona Militar en Tijuana y posteriormente
de la II Región Militar, en cuyos cuarteles se ha registrado el mayor número de
quejas por tortura en el país entre los años 2009 y 2012.
[2] http://www.monitorbc.info/nota.php?nta=2779&sec=rgnl
