LA VERIFICACIÓN
VEHICULAR
Por Raúl Ramírez Baena*
Cierto es que México asumió compromisos con la comunidad
internacional para reducir la emisión de contaminantes al ambiente; que el
Estado mexicano debe imponer políticas públicas para proteger el medio ambiente
y preservar la salud de las personas; que es necesario contribuir a frenar la
gradual destrucción de la capa de ozono del planeta, etc.
Pero otra cosa es cargar el peso fiscal de la supuesta
regulación ambiental a los ya de por sí castigados contribuyentes: El IVA, el
ISR, el aumento gradual de la canasta básica, los medicamentos, la gasolina, el
gas, la tenencia, el predial, la luz… uff.
Además, la contaminación del medio en Mexicali (aire, agua y
tierra) no sólo es producto de los vehículos viejos, sino principalmente de la
industria contaminante: las maquiladoras, la cría e industrialización de ganado
en la empresa Su Carne, la Geotérmica de Cerro Prieto de la CFE, las lagunas de
oxidación al aire libre para el tratamiento de aguas residuales hacia los EUA,
las dos termoeléctricas privadas de generación de energía electrónica y la
siderúrgica. Pero también de la quema de terrenos de cultivo y la falta de
pavimentación, sobre todo en el Valle de Mexicali.
El periodista Juan Guizar, de Tijuana, escribe acertadamente
en el Facebook sobre la obligatoriedad de la verificación en BC: “…una
obligación solo para los que cumplen con mantener regular su vehículo. ¿Y quién
cree que va pagar la verificación de mas de 300 mil vehículos que ni placas
traen? Mientras sigue la venta indiscriminada de autos chocolate en la entidad
y otros cientos provenientes del lado americano. ¿Y el transporte publico viejo
y destartalado, será retirado de la via publica? No, no, no primero una
política de regularización, que la verificación. O sea, primero lo primero Mr.
Gober...”
Si de política ambiental se trata, las nuevas tendencias
mundiales se orientan hacia el concepto de SUSTENTABILIDAD que, en efecto, es
el cuidado del medio ambiente físico, pero también del medio social, del
desarrollo de las comunidades y del respeto a los derechos humanos en armonía
con el hábitat humano.
Si el gobierno del Estado y los legisladores hubieran tenido
visión y voluntad política, o se hubieran asesorado de a de veras, nunca
hubieran impuesto una ley de verificación vehicular sin tomar en cuenta a las
comunidades, primero, para consultarlas en término de la tan llevada y traída
“Participación Ciudadana”. ¿Qué no para eso se le cambió el nombre y las
funciones al órgano electoral estatal para llamarlo pomposamente “Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana”?
Y segundo, para aprobar la ley de verificación debe tomarse
en consideración no sólo la participación ciudadana sino también la realidad
económica y social de las comunidades en el Estado. Por problemas económicos
familiares muchas personas en esta frontera adquieren vehículos usados sin la
debida importación de los EUA y/o sin el registro correspondiente, que son su
único medio de transporte útil para generar los magros ingresos familiares. Y
así ¿el gobierno les quiere imponer una carga fiscal más?
En verdad incomoda a la ciudadanía que se tomen decisiones
frívolas y pragmáticas para cubrir el déficit fiscal y presupuestal oficial, no
en base a un verdadero programa de austeridad gubernamental con visión social,
sino clavándole el colmillo otra vez y como siempre al vil pueblo, como diría
el buen amigo, el monero Corpus.
Otra preocupación es en cuanto a las concesiones que se han dado
a las empresas privadas de verificación de contaminantes vehiculares.
Conociendo el modus operandi de algunos funcionarios, políticos y empresarios,
queda la gran duda si no se otorgarán dichas concesiones en base a compromisos,
amiguismos y otros intereses políticos, encubriendo negocios de dudoso origen.
Esta ingrata idea prevalecerá mientras exista la corrupción galopante en el
país. Por ello las y los ciudadanos tienen el derecho de exigir una consulta
pública, transparencia y honorabilidad.
Molesta también que haya manga ancha para la altamente
contaminante Geotérmica de Cerro Prieto de la CFE, organismo propiedad de la
Nación, de la que la población de Mexicali no obtiene beneficio alguno, al
contrario, realiza grandes erogaciones del gasto familiar para pagar las
injustas tarifas eléctricas que se imponen unilateralmente.
Por otro lado, es contradictorio que, mientras que a las dos
termoeléctricas trasnacionales de ciclo combinado instaladas en La Rosita,
Mexicali, se les negó su operación en territorio estadunidense por no aprobar
los estándares ambientales en el vecino país, en México, su patio trasero, la
autoridad otorga felizmente los permisos necesarios en aras de la tan llevada y
traída “inversión extranjera”, sin importar el impacto ambiental y a la salud.
Otras inquietudes: ¿Qué va a pasar con los cientos de miles
de vehículos que de seguro no pasarán la “verificación”? ¿Los retirará el
gobierno de la circulación afectando la economía de miles de trabajadores? ¿Cómo
va a prevenir el gobierno la corrupción para lograr la ansiada verificación?
¿No obedecerá esta medida a las presiones de la industria automotriz para
impedir la importación de autos usados?
Con estos ejemplos brotan las grandes injusticias: Mano dura
a los contribuyentes, mano blanda a los poderosos.
*Director de
la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
Agosto de
2013
