¿MAESTROS SUBVERSIVOS?
Por Raúl Ramírez Baena*
Aprovechándose del desconocimiento de la población sobre los
derechos que asisten a los pueblos para reclamar contra las injusticias y el
mal gobierno,* los sectores conservadores del país
han guiado una intensa campaña de medios para descalificar el movimiento magisterial
en el país en torno a la llamada “Reforma Educativa”.
Mucho se han
explotado los sentimientos de la población respecto a la pérdida de clases por
los niños por culpa de los maestros; que si éstos están chantajeando a las
autoridades con sus bloqueos en lugar de asistir a los salones, que si son
subversivos, comunistas, alborotadores, vándalos, flojos e irresponsables; que
si están violando la ley con toda una sarta de calificativos que bien recuerdan
los argumentos oficiales y de los agoreros del régimen en aquellos tiempos del
Movimiento Estudiantil de 1968, o en el 2006 cuando el plantón de AMLO en el
Paseo de la Reforma. El linchamiento mediático.
La ciudadanía tiene todo el derecho de
saber que, en los estándares internacionales de derechos humanos, y basado en
los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos plasmados
en el Artículo 1º. Constitucional, no
hay preeminencia de unos derechos sobre otros, no hay unos derechos más
importantes que otros. Es tan importante el derecho a la educación de las y
los niños como los derechos laborales y sociales de las y los maestros.
Hay un punto que aclarar que es el que
detonó la movilización magisterial: la Reforma Educativo recién aprobada no es
tal, sino más bien una Reforma Laboral y Administrativa que restringe derechos
sindicales ganados por los maestros a lo largo de la historia (al margen de la
alta corrupción de los dirigentes del SNTE), por lo tanto, es una reforma regresiva, contraria al principio
constitucional de progresividad. Eso
es algo de lo que reclaman los maestros,
además de su demanda por mejorar la calidad educativa.
No fue el
Congreso de Guerrero el que rechazó la iniciativa de Reforma Educativa que
presentó el gobernador Ángel Aguirre ante la demanda magisterial, fueron los
partidos representados en el Congreso local, la partidocracia, en aras de conservar sus privilegios y el reparto de
cuotas de poder, siguiendo con total fidelidad las consignas del antidemocrático
Pacto por México, dictadas desde el centro del país. Se rechaza la propuesta de
los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de
Guerrero (CETEG) publicitándola como una “contrarreforma”, menospreciando su
derecho a la “participación ciudadana” en el díselo, ejecución y evaluación de
la política educativa. Es más que evidente que la Reforma Educativa nunca fue
consensuada ni consultada con uno de los más importantes actores de la
enseñanza: las y los maestros.
La campaña de
linchamiento mediático lanzada contra los maestros tiene como objetivo obtener
el apoyo popular para justificar la represión a sus acciones de resistencia
civil, materializada en plantones y bloqueos carreteros. Si los bloqueos
carreteros son pacíficos y son reprimidos, el gobierno estaría violando las
libertades de reunión y de asociación pacífica amparadas por el Artículo 9º.
Constitucional. A menos que contraten a provocadores, como presuntamente sucedió
el 1º. de diciembre pasado.
Si los maestros se violentan, las
fuerzas públicas tienen el deber de intervenir para resguardar el orden público
y la paz social, deteniendo sólo a quienes ejercen la violencia, pero bajo los
estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, sin brutalidad ni
excesos, bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y moderación de la
fuerza.
Los
dirigentes empresariales han empujado la criminalización de la protesta social,
incluso, los de Guerrero, interpusieron una denuncia penal, evaluando el
conflicto sólo en términos de pérdidas económicas. El comunicador Ciro Gómez
Leyva, de plano, ha encabezado una corriente de opinión reaccionaria.
El pretexto para reprimir es que el bloqueo
afecta los derechos de terceros (quienes viajan por esa autopista), pero la Reforma
Educativa puede afectar los derechos laborales y a la seguridad social de más
de un millón de trabajadores de la educación y de sus familiares.
En Oaxaca,
20 mil maestros, que no es una fuerza social menor, movilizados y en plantón, exigen
sus demandas. En consecuencia el gobernador Gabino Cué presentó al Congreso
local iniciativa para reformar el estatuto local en materia de educación,
tomando como base la realidad cultural de la entidad (”reforma tropicalizada”, contesta). Los tiburones
se le han echado encima argumentando que cedió a los chantajes de los maestros,
que es un gobernador débil, que fue priísta y ahora perredista, etc., etc. Todo
para descalificarlo, pisoteando la soberanía del Estado Libre y la Soberano de
Oaxaca.
Si usted,
amable lector, se ha percatado, pocos medios entrevistan a los dirigentes
magisteriales disidentes y pocos difunden sus propuestas en materia laboral y
educativa. Los maestros nunca han estado en contra de la evaluación de su
desempeño y de la mejora educativa. Protestan por no haber participado en el
diseño de la Reforma y por condicionar su permanencia
en el trabajo a los resultados de una evaluación discrecional e impuesta, cuyos
resultados desconocerán.
El mensaje oficial
en voz del Secretario de Educación Emilio Chuayfet, con un fuerte olor al viejo PRI, es muy claro: o “diálogo” (no hay marcha
atrás a la Reforma) o “la ley” (el despido y/o la represión). “No podemos ser rehenes de pretensiones
particulares o de quienes se opongan al desarrollo”, dice a los maestros Enrique
Peña Nieto, con fuertes rasgos de autoritarismo, para descalificar sus demandas.
El gobierno
federal no admite fallas o críticas al “Pacto por México” (la joya de la corona
que se desgasta rápidamente), que toma acuerdos por las cúpulas partidistas y
gubernamentales, votados por un Congreso sumiso sin debate real ni participación
ciudadana. Así se “aprobaron” las reformas laboral, educativa y de
telecomunicaciones.
Zapata,
Villa y Madero no realizaron plantones ni bloqueos carreteros, hicieron una
Revolución que costó más de un millón de muertos, y ahora son héroes. Los
estudiantes del ’68 en huelga, bloquearon calles y tomaron las instalaciones
universitarias y hoy su memoria está inscrita con letras de oro en la Cámara de
Diputados. Los indígenas chiapanecos declararon la guerra en 1994 al gobierno
de Calos Salinas, lograron visibilizar al mundo la realidad de los pueblos
indígenas de Mesoamérica y que se reformara el Artículo 2º. Constitucional.
¿Todos ellos también fueron subversivos?
A Peña se le acaba la luna de miel…
*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos
del Noroeste, A.C.
Ex ombudsman de Baja California
Mexicali,
B.C., abril de 2013
* Art. 39
Constitucional: “La soberanía nacional
reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del
pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno.”
