LA TORTURA, UN MAL ENDÉMICO

Por Raúl Ramírez Baena*

Aún que la ONU ha impuesto en el mundo la prohibición total de la tortura, gobiernos con regímenes autoritarios o de frágil democracia, como México, se resisten a acatar esta disposición, a pesar de contar con leyes locales que la previenen y sancionan, de haber ratificado los tratados internacionales en la materia y de recibir duras recomendaciones de los organismos protectores de los derechos humanos.

Ardua ha sido la labor que por años han realizado las organizaciones no gubernamentales (ONG), las comisiones de derechos humanos, la ONU y la OEA para erradicar la tortura.

Este trabajo tan poco comprendido pero tan importante para la construcción de un Estado Democrático de Derecho, enfrenta serios escollos. El primero de ellos, sin duda, son las propias autoridades responsables de prevenir y sancionar la tortura.

De las miles de denuncias presentadas a lo largo de los años se conocen en México sólo 6 casos de tortura que han llegado a sentencia. Esto se debe, en parte, a que las denuncias no proceden por problemas de interpretación legal, tanto de las agencias del Ministerio Público como del Poder Judicial. Además, porque las autoridades encubren a los torturadores intentando salvar el prestigio de las corporaciones, o porque las víctimas desconocen que los malos tratos que reciben para obligarlos a rendir declaración o como forma de castigo en prisión, son tortura. Todo esto alienta la impunidad.

Con datos proporcionados por la propia PGR mediante solicitudes de información, Amnistía Internacional acaba de publicar el informe titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria. La epidemia de la tortura en México continúa”,  en el que se descubre que la PGR sólo cuenta con 30 elementos especializados del Ministerio Público en el país dedicados a la investigación de más de 2 mil 400 denuncias de tortura que, a nivel federal, se registraron el país sólo en el año 2014. En otras palabras, la fiscalía federal tiene a un agente para investigar 80 casos de tortura al año. En las entidades federativas, es posible que no exista para ello ningún agente investigador especializado.

Además, a pesar de que las denuncias por tortura aumentaron 106% en comparación con 2013 y hasta 737% con 2012 –de 287 denuncias en el último año de la administración Calderón se pasó a mil 165 con Peña Nieto, y a 2 mil 403 en 2014-, la Procuraduría informó que no tiene una “cifra dura” sobre el número de cargos de tortura presentados contra probables responsables a nivel federal en 2014, ni de sentencias condenatorias. Es decir, la fiscalía no sabe a cuántas personas se investiga por tortura, ni cuántos están en prisión por este ilícito.

Otra dificultad para castigar a los torturadores es la sociedad misma que, por desconocimiento de los derechos humanos o por miedo a sus victimarios, justifica y legitima el uso de la tortura, convirtiéndose en una especie de aval, sin mediar los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia, la personalidad jurídica, la integridad personal y la vida de las víctimas de tortura física y psicológica.

Es común que se justifique la tortura bajo el argumento de que los propios delincuentes se golpean para culpar a las autoridades por las lesiones aparecidas y así obtener su libertad (como si los juzgadores fueran ingenuos), o que se lo merecen por los delitos que presuntamente cometieron, aún sin haber sido sentenciados por un  juez. Esta legitimación es grave porque abona a que se siga torturando, a que no se investigue debidamente y a la impunidad.

Un sector clave para erradicar la tortura en México son los medios de comunicación. Es importante que algunos de éstos dejen de reproducir las fotografías de los presuntos delincuentes detenidos por las autoridades y que den por ciertas las acusaciones hechas aún antes de iniciar siquiera la investigación ministerial y haber sido juzgados por el Poder Judicial, porque las personas detenidas pueden ser probables víctimas de una serie de abusos, entre ellos la tortura; de comprobarse esto, bajo las disposiciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es razón suficiente para dejarlos en libertad.

Por la razón anterior y por la fuerte presión hacia el gobierno mexicano por las ONG y los organismos internacionales de derechos humanos para erradicar la tortura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia adoptaron cada uno por su parte, para jueces, magistrados y agentes del ministerio público, respectivamente, un Protocolo de Actuación para la Investigación de Delitos de Tortura, para ser homologados en todo el país.

Si bien debemos respetar y proteger la libertad de expresión, para evitar la revictimización, discriminación y estigmatización de las presuntas víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos, el Artículo 5º de la Ley General de Víctimas dispone que "NINGUNA AUTORIDAD O PARTICULAR PODRÁ ESPECULAR PÚBLICAMENTE SOBRE LA PERTENENCIA DE LAS VICTIMAS AL CRIMEN ORGANIZADO O SU VINCULACIÓN CON ALGUNA ACTIVIDAD DELICTIVA. LA ESTIGMATIZACIÓN, EL PREJUICIO Y LAS CONSIDERACIONES DE TIPO SUBJETIVO DEBERÁN EVITARSE". Eso va para todos.

Entonces, no sólo hay que trabajar legalmente para erradicar la tortura, sino también hay que concientizar y sensibilizar a las autoridades, a la población y a medios de comunicación sobre la necesidad de prevenir y sancionar el flagelo de la tortura.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste