CFE JUDICIALIZA PROTESTA POR GEOTÉRMICA

Por Raúl Ramírez Baena*

Hacia finales del 2015, un grupo de residentes de los ejidos Nuevo León, Hidalgo y Morelia del Valle de Mexicali, mantuvieron durante varios días un bloqueo a los accesos de la Planta Geotérmica de Cerro Prieto, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), protestando por el incumplimiento de acuerdos previos entre directivos de la CFE y los ejidatarios, debido a la grave contaminación al aire, la tierra y el agua que produce la planta geotérmica.

Los residentes tienen en su poder actas de defunción, certificados y recetas médicas y otras pruebas documentales y testimoniales proporcionadas por investigadores, científicos, médicos, periodistas y los propios ejidatarios, además de un Informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de octubre año 2004 (clasificado como “Reservado” por 10 años), que dan cuenta de las graves afectaciones a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano de los habitantes de esa región, así como a la improductividad de las tierras adyacentes.

Todo ello es provocado por los elementos químicos que emanan como vapor endógeno de los pozos geotérmicos, los que, una vez liberados en la superficie, se esparcen y se condensan en forma líquida en lagunas expuestas al aire libre. El vapor y las lagunas liberan partículas responsables de las graves afectaciones a todo ser viviente a su alrededor y, por efecto de los vientos, también a la zona urbana de Mexicali y el Valle Imperial, California.

El residual gaseoso contiene compuestos químicos letales para el ambiente, como son: Acido Sulfhídrico, Benceno, Tolueno, Xileno, Monóxido de Carbono, Etano, Metano Hexano, Hidrogeno, Nitrógeno, amoniaco; estos gases en el ambiente son nocivos a los seres vivos y, en los humanos, provocan enfermedades como cáncer de pulmón, cáncer de la piel y de hígado, anemia, linfoma no-hodgkin, asma bronquial, anencefalia, leucemia, sordera, perdida del olfato y abortos espontáneos, entre otros.

Por todas estas afectaciones, los ejidatarios reclaman a la CFE la indemnización acordada tiempo atrás, que no ha sido cumplida en su totalidad, lo que motivó el plantón y bloqueo de las oficinas de la Geotérmica.

Si a través de gestiones legales, diálogo y acuerdos con la CFE no se han resuelto sus demandas, sino al contrario, lo lógico es que los afectados hicieran uso de su legítimo derecho a la Protesta Social o Desobediencia Civil que ampara el Artículo 9º Constitucional (derecho de asociación y reunión pacífica para protestar por actos de autoridad).

A raíz de las protestas se instaló una Mesa de Trabajo en el Cabildo de Mexicali, logrando la participación de los propios ejidatarios afectados, de 5 diputados federales de Baja California, del gobierno del estado, la Profepa, investigadores y defensores de los derechos humanos.

En diciembre de 2015 se concretó una reunión en la Cd. de México con el director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, quien se mostró sorprendido por las pruebas y argumentos ofrecidos, asegurando desconocer la magnitud del conflicto, ofreciendo visitar la zona afectada el mes de enero (lo que al escribir estas líneas no ha sucedido) para revisar personalmente el tema de salud, indemnizar a las familias afectadas por los daños en sus predios y tierras de siembra, invertir en tecnología para que se reduzcan los niveles de contaminantes que emite la planta y apoyar la modificación de la norma ambiental para contar con medidas para reducir la contaminación. Como un acto de buena fe, los ejidatarios retiraron el plantón.

Pero a pesar de abrir este canal de diálogo, y por si fueran poca la peligrosa contaminación que emana de la Geotérmica, las altas tarifas eléctricas en Mexicali (las más altas del país a pesar del llamado “subsidio gubernamental”), los llamados “recibos locos” (cobros exagerados), los recibos mensuales (no bimensuales como en otras regiones del país) y el hecho que el municipio de Mexicali no recibe ningún beneficio económico ni de otra índole por la explotación geotérmica en su territorio, ahora, la CFE ha interpuesto denuncia penal en contra de los ejidatarios afectados que se atrevieron a protestar frente a sus oficinas. Y la PGR, presta, ha comenzado a girar citatorios a quienes participaron en las protestas, a fin de que comparezcan ante el Ministerio Público Federal en su calidad de “inculpados”, para intervenir en “una diligencia de carácter penal”.

¿Qué tipo de diálogo es ese? ¿Los ejidatarios afectados pueden estar en condiciones de negociar con la CFE bajo la amenaza de un proceso penal encima?

¿Para qué sirve entonces la Reforma Energética? Es claro que su objetivo es atraer “inversiones” sin importar el impacto ambiental. No en vano la propia CFE ha contratado a la empresa privada “Constructora y Perforadora Latina” (uno de cuyos accionistas es Carlos Ruíz Sacristán, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración de Ernesto Zedillo, ex director de Pemex y ex director de Sempra Energy) para abrir más pozos geotérmicos en los ejidos del Valle de Mexicali y aumentar la exportación a los EUA y, con ello, la grave contaminación. A esos negocios estorban los ejidatarios, sobre todo si protestan.

No cabe duda, la CFE es una “Empresa de Clase Mundial”.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste