MANDO UNICO POLICIAL, PELIGROSA E INUTIL INICIATIVA

Por Raúl Ramírez Baena*

En la reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se acordó junto con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentar al Congreso de manera prioritaria la reforma a la Carta Magna para crear policías únicas en cada entidad, quitando la función de Seguridad Pública a los municipios.

Una propuesta así desnaturaliza al Federalismo mexicano, cuyo núcleo principal es el Municipio Libre. Dice la exposición de motivos de la reforma al Artículo 115 Constitucional de 1999: “La índole social y natural del municipio como unidad política, administrativa y territorial, de nuestra vida nacional (…)”. Y sigue: “(…) devolviéndole al municipio la función principal del gobierno directo de la comunidad básica, en virtud de que éste es una comunidad social que posee territorio y capacidad política, jurídica y administrativa (…)”. Se refuerza así la autonomía municipal con respecto a los gobiernos federal y estatal y se combate al centralismo, mal del sistema político mexicano.

Las fracciones II y III del Artículo 115 otorgan a los municipios personalidad jurídica propia, facultades plenas para manejar su patrimonio, expedir los bandos de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, y para tener bajo su cargo las funciones y servicios públicos, que incluyen la “seguridad pública”, todo ello “en los términos del Artículo 21 de esta Constitución”.

La Conago y el Ejecutivo Federal no consideran que el primer contacto de un gobierno con los ciudadanos para atender sus demandas y necesidades es el Ayuntamiento, y el primer contacto del Ayuntamiento con las comunidades es la policía municipal, cuyos integrantes surgen de éstas. Por tanto, son los Ayuntamientos los que mejor pueden establecer la comunicación y las acciones sociales, de infraestructura, de seguridad y de servicios urbanos requeridos para la reconstrucción del tejido social.

La propuesta de policía estatal única afecta al Municipio Libre; es regresiva, pragmática y reactiva, con una visión punitiva más que de desarrollo humano. No va al fondo del conflicto generado por el modelo neoliberal de desarrollo, como es el retiro gradual del Estado de sus responsabilidades para satisfacer los derechos fundamentales y demandas sociales, dejando esas funciones a un mercado voraz; espacios públicos invadidos por la simbiosis políticos-inversionistas-corrupción-impunidad.  

El crimen, además de que infiltra a policías y autoridades de los tres órdenes de gobierno, financia campañas electorales incluso de gobernadores, ha penetrado el tejido social y a las comunidades rurales y urbanas, encontrando en las comunidades en descomposición social y en los jóvenes sin futuro (ninis) el caldo de cultivo ideal para el negocio de las drogas, ofreciéndoles algo que el Estado es incapaz de generar: Trabajo e ingreso remunerado, por supuesto ilegal y efímero, alentado por la cultura de la violencia, que se manifiesta mediante la pérdida de valores y principios democráticos y de la identidad cultural.

Lo anterior explica, en parte, el impune “cobro de piso” a agricultores, comerciantes, empresarios y habitantes en las regiones en las que el crimen “gobierna”, ya que ha penetrado la estructura del poder político y la economía. ¿Esto se combate con policías centralizados bajo un solo mando estatal? Nada que ver.

¿Cómo pretenden combatir al narco, la violencia y la criminalidad con un mando estatal centralizado si antes no se han resuelto problemas estructurales como son la infiltración en las corporaciones, la corrupción, la impunidad, la pobreza y las violaciones graves a los derechos humanos, sobre todo por las policías estatales, federales y las fuerzas armadas?

El Estado no construye ciudadanía democrática y participativa; no da voz ni escucha al ciudadano y sus demandas a pesar de las “elecciones”, impone sus políticas punitivas y de fuerza, una gradual y peligrosa militarización de la vida civil y avanza en la suspensión de los derechos civiles y la criminalización de la protesta social, basado en una política de miedo como mecanismo de control social. Ello puede agudizarse con el mando único.

El Estado promueve el estigma de que los policías municipales son los corruptos y responsables de todos los males, por lo que hay que “limpiar” y “depurar” a las corporaciones, en lugar de respetar sus derechos.

Llama la atención que la Conago, importante espacio para la construcción de políticas públicas, no le enmiende la plana al presidente, no sea capaz de hacer contrapesos y un análisis serio y científico sobre las causas que originan la inseguridad y el crimen. ¿Cómo es posible que los gobernadores no reaccionen sobre los 72 mil muertos registrados durante los años 2014 y 2015, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública?

Entonces, ¿qué motivación hay en los gobernadores? Hacerse de más poder mediante una fuerza policial bajo su mando, que amplía sus controles económico, político, social e incluso electoral. En algunos estados, las Policías Estatales Preventivas se convierten en grupos de choque y de impunidad al servicio del gobernador en turno, que entorpecen a las policías municipales. En 2015, el Ejecutivo Federal dispuso de una bolsa de $2 mil 700 millones de pesos para los estados que se acogieran al mando único.

Otro punto de conflicto a generar con el mando único en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, son las policías comunitarias basadas en usos y costumbres indígenas y las fuerzas de autodefensa. Estos grupos ciudadanos querrán ser sometidos a la policía estatal (de hecho ya está sucediendo) cuando México es un país con una clara identidad pluriétnica y pluricultural. Por supuesto, van a resistirse a la imposición centralizada.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste