EL SECTOR SALUD EN PROCESO DE PRIVATIZACIÓN

Por Raúl Ramírez Baena*

A pesar de la grave crisis política y económica por la que atraviesa el país por el fortalecimiento del crimen organizado –aderezado con el escape del Chapo-, por los altos índices de corrupción e impunidad –con todo y Casa Blanca-, por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la fuerza pública y militar y por la gradual devaluación del peso mexicano, las “reformas estructurales que el país necesita” seguirán viento en popa. Animado por los resultados de las pasadas elecciones federales, una vez instalada la próxima legislatura, Peña Nieto podrá garantizar la mayoría calificada para sus reformas privatizadoras con los votos del PRI, PAN, PVEM y PANAL.

Recordemos que la privatización de los bienes y servicios de la nación inició en el sexenio de Miguel de la Madrid. Ya se privatizaron los bancos, el ejido, los ferrocarriles, los puertos marítimos, las carreteras, la explotación petrolera (Ronda Uno), etc. Todo, obedeciendo puntualmente los lineamientos de los organismos financieros internacionales controlados por los países desarrollados, como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea.

El acceso a los servicios de salud en el país es un derecho universal establecido en la Constitución en su artículo cuarto, que dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Aun así, se abre la posibilidad de iniciar el proceso de privatización del Sector Salud y, con ello, la reducción del papel del Estado en este sector a favor de la responsabilidad y elección individual, lo que genera la desigualdad y dificultades para el acceso a esos servicios de la población con menos recursos.

Entonces, si Emilio Gamboa Patrón (“va pa’tras, papá”), líder de la fracción del PRI en el Senado, descarta que se vayan a privatizar el IMSS y el ISSSTE, en lenguaje llano político quiere decir que sí se privatizarán, si bien no a través de un mecanismo convencional de venta de las paraestatales, sí forzando su quiebra o la reducción de los servicios de salud a su mínima expresión, introduciendo el sistema universal de salud, restringiendo la dotación de medicamentos del cuadro básico y los servicios prestados por el IMSS, el ISSSTE, la SSA y las instituciones sanitarias y de seguridad social de las entidades federativas.

Todo lo anterior, reforzado con una bien aceitada campaña mediática para convencernos de su inoperancia e inefectividad, para que los derechohabientes pierdan la confianza en esas instituciones y, con ello, la pérdida del apoyo social de las que, tras la Revolución Mexicana, fueran el orgullo de la seguridad social ante el mundo.

El mensaje es que el Sistema de Salud estará mejor en manos del sector privado a través de mecanismos progresivos como pueden ser la introducción del mercado en los sistemas sanitarios, promoviendo la competencia entre proveedores públicos y privados (asociaciones público-privadas); la adopción del sistema de aseguranzas privadas, concesiones, subrogación de servicios y licitaciones. Todo ello combinado con recortes presupuestales, el abandono progresivo de la infraestructura, el desabasto de medicamentos y otros. Tal como sucedió con Pemex (“no se venderá ni un tornillo”).

Las señales

1. En la Cámara de Diputados se recibió recientemente el “Informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2014-2015 y el Informe Financiero y Actuarial 2015 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, donde supuestamente estas instituciones están en la antesala de la quiebra financiera.
2. La Ley del Seguro Social, que entró en vigor el 1 de julio de 1997, como la Ley del ISSSTE, en vigencia a partir del 1 de abril de 2007, no garantizan una mayor cobertura de la seguridad social, una mejor atención médica, pensiones dignas y la viabilidad financiera de estas instituciones. El pretexto, el aumento de las esperanzas de vida, el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas y los montos que se destinan al pago de las pensiones a los trabajadores jubilados.
3. El presupuesto público a la salud no ha crecido en proporción a sus necesidades. El Ramo 12, que es el que procura el derecho a la salud de toda la población mexicana, recibió un presupuesto para este año de 134 mil 847 millones de pesos, lo que representó un incremento real de 0.1 por ciento respecto al año pasado, mientras que el asignado a los partidos políticos se incrementó un 2.5 por ciento en comparación con el 2014.
4. El déficit y los adeudos de las instituciones de seguridad social federal y de los estados son prácticamente impagables, por lo que resulta más barato que los derechohabientes contraten servicios privados de salud.

En conclusión, las concesiones de bienes y servicios públicos al sector privado lleva implícita la aceptación de los servicios de salud como un valor de cambio en vez de un valor de uso, de un derecho humano, pasando de concebir los servicios sanitarios como instrumentos para satisfacer las necesidades de salud de la población a un área de negocios. Esta reorientación estratégico-ideológica está dirigida a introducir el mercado en espacios que antes les estaban vetados y reservados al Estado. En aras del lucro, en el modelo neoliberal, estamos frente al proceso de liquidación del Estado Garante o Estado Benefactor, surgido tras la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste